Comunicado de la Superintendencia de Servicios de Salud Prepagas: el Gobierno anunció que habrá un devolución en doce meses y que las cuotas aumentarán menos que la inflación  Tras una larga negociación, desde la Superintendencia señalan que hubo un acuerdo con directivos del sector, en el marco de la audiencia a la que citó el juez que lleva una causa por supuesta cartelización; no hubo declaraciones desde el sector privado.
El Gobierno comunicó que las prepagas harán una devolución de parte de los montos que les cobraron a sus afiliados en los primeros meses del año en un plan de doce meses. Según un comunicado de la Superintendencia de Servicios de Salud, esos montos se actualizarán según la tasa pasiva de plazo fijo del Banco Nación y, además, el escrito señala que ese mismo índice se usará para actualizar las cuotas de los planes de salud. Desde el sector privado, sin embargo, no confirman aún el acuerdo. Oficialmente se indicó también que se las entidades reincorporarán, sin aplicar penalidades y en iguales condiciones a las que estaban, a las personas que se hayan dado de baja en los últimos meses. Los puntos fueron discutidos durante todo el día por los representantes del Gobierno y de las entidades, en el marco de la audiencia a la cual convocó el juez Juan Rafael Stinco.
Las entidades de medicina prepaga habían hecho esta tarde una propuesta diferente, que consistía en un reintegro de un monto equivalente al 24% de la cuota que se defina para julio, en un plazo de 12 meses. Los importes en cuestión, según la iniciativa, tendrían una actualización en función del índice de costos de la salud usado hasta el año pasado para el reajuste de las cuotas. Además, los directivos aceptarían que entre julio y septiembre los precios de los planes de salud se ajusten en un porcentaje equivalente al 95% de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec (es decir, si la inflación del mes de referencia fuera de 7%, las cuotas subirían 6,65%).
Pero los directivos piden, a la vez, que desde octubre los incrementos de las cuotas queden liberados, tal como había ocurrido desde la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 firmado en diciembre por el presidente Javier Milei y sus ministros, y hasta que el propio Gobierno empezó a ponerles frenos a las subas, en abril último.
La propuesta fue hecha durante las reuniones que se llevan a cabo en estos momentos en el Juzgado Civil y Comercial N°3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco, en el marco de la causa iniciada por la Superintendencia de Servicios de Salud contra un grupo de empresas por supuesta cartelización (acuerdo) en la definición de precios. Pero el plan planteado por el sector privado no fue aceptado por la Superintendencia, según dijeron a LA NACION desde ese organismo, representando en la audiencia por el superintendente Gabriel Oriolo, el gerente general Claudio Stivelman y el gerente de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Pierre Ganchegui. Además, por el Gobierno participa el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, que intervino en abril en el tema, con una resolución que les ordenó a siete prepagas reducir sus precios.
Desde las diferentes partes señalaron que, pasadas las 18.30, continúan las gestiones que se iniciaron esta mañana en la citada dependencia judicial. La convocatoria para el encuentro de hoy (cada sector, de todas maneras, se mantiene en salas separadas) fue hecha por Stinco a pedido de varias prepagas, luego de que el 3 de este mes el juez hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Superintendencia contra 23 empresas acusadas de cartelización. Días atrás, se las autoridades del área de Salud pidieron la incorporación a la causa otras 18 entidades, con lo cual son en total 41 las ahora involucradas.
En su fallo, Stinco dispuso que las prepagas deben hacer un recálculo de las cuotas para que, en lugar de los que fueron cobrados, los importes vayan siguiendo la variación del IPC con dos meses de retraso (por ejemplo, las cuotas correspondientes a enero deben contemplar la inflación de noviembre; las de febrero, la inflación acumulada entre noviembre y diciembre, y así sucesivamente). Además, estableció que en un plazo de cinco días cada entidad debía plantear ante el Juzgado un plan concreto para la devolución de los montos cobrados en exceso del criterio dispuesto. Ante este segundo mandato, varias entidades pidieron una prórroga y ser convocadas a una audiencia, una solicitud a la cual se accedió.
Antes del dictado de la medida cautelar (apelada por las empresas), el Gobierno había dispuesto ya el criterio de suba según los índices mensuales de inflación. Eso ocurrió a mediados de abril y a través de una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio que alcanza solo a siete empresas.
Esa normativa se emitió como respuesta a un pedido de investigación por supuesta cartelización hecho en enero por referentes de la Coalición Cívica. Y, si bien durante semanas se prestó a diferentes interpretaciones, finalmente desde el Gobierno se aclaró que si la factura correspondía a mayo, el importe no podría ser superior al de diciembre incrementado en un 114,6% (es decir, por cada $100 pagados a fines de 2023 por la cuota del actual mes no debería abonarse más de $214,6%). Y si la facturación correspondía a abril (es decir, si se cobra a mes vencido, como en el caso de OSDE), la cifra no podría ser más alta que la de diciembre incrementada en un 93,33% (un máximo a facturar de $193,33 por cada $100 de diciembre).
La resolución no les ordena a las prepagas involucradas devolver montos por las subas ya aplicadas. La medida cautelar, en cambio, sí se refiere a los reintegros. Pero el tema está aún en negociaciones y, por tanto, las entidades no estuvieron hasta ahora obligadas a hacerlos.
Algo que sí establece la norma de la Secretaría es que la regla de subir las cuotas según el índice de inflación (siempre para las siete empresas involucradas) tiene vigencia hasta septiembre. Luego, se entiende que los precios quedarían liberados.
Desde Industria y Comercio señalaron que en la audiencia de hoy se discutió un pedido de las siete empresas para que, tras un acuerdo por las cuotas, se deje de lado la investigación iniciada en la Comisión de Defensa de la Competencia, pero que no se le dio lugar a esa solicitud porque, se entiende, debería tramitarse por otra vía. “De querer avanzar con esta propuesta, las empresas deberían ofrecer un compromiso en el marco del expediente que cursa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el cual debe ser analizado por la Comisión y luego por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne”, señalaron desde esa dependencia estatal.
La propuesta del Gobierno
La propuesta oficial para la devolución de montos, en tanto, estaba ya contenida en la presentación de la denuncia ante la Justicia. Lo que las autoridades buscaban que dispusiera el juez (ahora todo está en conversaciones) era una devolución en siete cuotas del monto total resultante de comparar cada cuota efectivamente cobrada con la que debió haberse cobrado en caso de aplicarse como parámetro la inflación.
En los cuatro primeros meses del año los precios de los planes de salud tuvieron incrementos que, en promedio, llegaron hasta 165%. Eso pasó porque, tras más de una década en la cual las prepagas solo podían subir con autorización de las autoridades gubernamentales, en diciembre último y a través del mencionado DNU 70, el Gobierno derogó toda la normativa referida a la intervención del Estado en los precios del sector. Entre mediados de 2022 y fines de 2023 las cuotas habían subido según los resultados de un índice de costos de salud que publicaba la Superintendencia (la normativa que estableció la vigencia de ese indicador está entre las derogadas por las actuales autoridades).
En abril último, cuando las subas acumuladas empezaron a rondar entre 145% y 165%, el ministro de Economía, Luis Caputo, se puso al frente de declaraciones contra el accionar de las empresas al decir, por ejemplo, que le estaban “declarando la guerra a la clase media”. Ahora mismo, mientras que desde el Gobierno dicen que “las prepagas se quedan con plata de los afiliados” por subir los precios más que la inflación, las entidades argumentan que, luego de un año -2023-, en el cual las cuotas aumentaron 137,5% y la inflación fue de 211,4%, lo cobrado a los usuarios se utilizó para pagar prestaciones y servicios, y muestran datos de los costos en alza, principalmente, los de los medicamentos.
“Estoy convencido de que no hubo abuso ni cartelización, y los aumentos fueron destinados a los prestadores y a pagar servicios; lo que sucedió es, lamentablemente, un proceso de una olla a presión, algo que también se produjo en otras áreas de la economía. Durante más de 12 años los precios estuvieron controlados y los costos liberados, y esos costos se habían disparado”, dijo este último fin de semana a LA NACION Hugo Magonza, quien recientemente asumió la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), la institución que reúne a financiadores y también a prestadores del subsistema privado. Según agregó, desde 2012 (cuando se puso en vigencia la ley de regulación del sector) y 2023, las cuotas de las prepagas subieron un 7945%, el IPC avanzó un 14.258%, el precio promedio de los medicamentos, un 19.599%, y el salario de una enfermera según el convenio colectivo, un 9994%.
En medio del conflicto por las cuotas, la semana pasada comenzó en los centros privados un plan de lucha del sindicato de la sanidad, que espera una definición para las negociaciones salariales del sector que, por ahora y ya vencido el acuerdo anterior, no avanzan.
Lunes, 27 de mayo de 2024
|
