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Nota enviada al Poder Judicial y Legislativo de Corrientes Galantini:denunciamos persecuciones y abusos en Monte Caseros  El dirigente Socialista e integrante de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia, como así también de la Junta Promotora de la CTA (Central de Trabajadores Argentina) de nuestra ciudad Guillermo Galantini, envió a MonteCaserosOnLine una copia del informe que él junto a los integrantes de dichas entidades remitieron a la Autoridades del Poder Judicial y Legislativo de la Provincia de Corrientes, en la cual se detallan las denuncia de persecuciones y abusos de poder en la localidad de Monte Caseros.
“Esta notificación ha sido presentada para solicitar pedido de informe en la cámara diputados de la nación, para que intervenga de oficio el presidente de la corte suprema de la provincia de corrientes y para solicitar juicio político en la cámara de senadores “. Manifestó Galantini.
Nota enviada a nuestra redacción
"Nos dirigimos a ustedes como integrantes de la Junta Promotora de la CTA (Central de Trabajadores Argentina) de la ciudad de Monte Caseros y de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (organismo de base de aquella Central) a los efectos de poner en conocimiento de ustedes los hechos que originan esta denuncia y para que nos brinden una respuesta a las demandas que presentamos en base a las mismas, y que pasamos a detallar:
1. Nuestra Junta Promotora, legalmente constituida y votada en asamblea en Enero del año 2010 y, su organismo de base: la Coordinadora por los Derechos y la Justicia que, desde hace más de 6 años se vincula con las victimas sociales que no encuentran respuestas, salida, ni atención, ni cobertura jurídica y social frente a los delitos contra la integridad sexual, la violencia de género, los abusos del niño/a, adolescente y la familia; viene desarrollando en la región un trabajo social y político entre los sectores más postergados y hacia el conjunto de la clase trabajadora, consistente no solo en la contención y acompañamiento de los conflictos suscitados sino también en la promoción de formas de organización propia de los trabajadores, amparados en el derecho de protesta social, la libertad de expresión y manifestación, cuando las necesidades básicas no encuentran respuestas y pueden ser satisfechas; y entendiendo que el derecho a la protesta es la base para la preservación de los demás derechos ya que si esto falta habría sobradas razones para pensar que todos los demás derechos no pueden ser defendidos. En síntesis, el derecho a reclamar, y a organizarse para hacerlo efectivo, es el que resguarda todos los demás derechos consagrados por la constitución nacional, provincial y el estado de derecho vigente. Amén de las justas demandas de las familias, la pertenencia a una central sindical merece todo el respeto de autoridades e instituciones. Desde este espacio, hemos participado en luchas ambientales, salariales, de los barrios por necesidades insatisfechas, de las familias marginadas y abandonadas, de trabajadores precarizados, etc. Esta trayectoria lo pueden constatar en los registros periodísticos de las actividades que hemos protagonizado en este tiempo.
2. Enmarcados en este contexto, en el año 2010 hemos acompañado a través de nuestras organizaciones, un importante conflicto suscitado con el sector de PESCADORES DE SUBSISTENCIA, quienes en noviembre de ese año se vieron impedidos de utilizar el rio Uruguay ya que el gobierno provincial les impuso una veda por 45 días sin darles ninguna respuesta en cuanto a subsidios o paliativos alimenticios para un grupo cercano a 50 familias que viven de los frutos del río y con ello mantienen sus hogares. Para llamar la atención de los responsables de semejante imprevisión, realizamos volanteadas explicando el conflicto en el acceso a la ciudad y generando un atascamiento pero jamás un impedimento de la circulación. Pese a ejercer ese derecho legítimamente establecido en la Constitución Nacional, fuimos amedrentados para deponer nuestra protesta por las autoridades policiales y judiciales que se hicieron presentes en el lugar, atropellando y derribando nuestros carteles y atemorizando a quienes estábamos reunidos en asambleas en el lugar, con sus móviles oficiales y otros particulares pero en los cuales circulaban policías de la departamental de Monte Caseros. Para las familias reclamantes, aquella lucha significó el empadronamiento y legalización de la tarea de los pescadores quienes a través del organismo provincial de Flora y Fauna han recibido tanto para el año 2011 como para el 2012 el CARNET que los habilita para ejercer su oficio lo que, de alguna manera demuestra la legitimidad de aquella protesta. Distinta ha sido la respuesta del poder Judicial, el cual desde el mes de marzo del año 2011 citó reiteradas veces a miembros de la JUNTA PROMOTORA DE LA CTA y PESCADORES DE SUBSISTENCIAS en carácter de imputados en los delitos penalizados por el art 194 y 55 del código penal. Cada vez que fuimos citados, utilizamos el derecho constitucional de abstenernos a declarar. Sin embargo, con fecha 16/02/2012 el Juez de Instrucción Eduardo Alegre dictó el PROCESAMIENTO y la PRISION PREVENTIVA sobre: Guillermo Galantini, Ramón Gilberto Muñoz, Luis Juan Benítez, Julio Rodríguez, Ramón Alberto Ponce, Jorge Eduardo Sandoval, Sebastián Antonio Largueri, Víctor Suarez, Rubén Armando Martinoli, Jorge Daniel Pérez y Ana Elena Jarzal. Creemos que los hechos relatados no justifican de manera alguna semejante decisión, que deja a los imputados al borde de la cárcel, lo que sin dudas es un hecho inédito en el país y en la provincia. Esta excesiva decisión, que sin dudas incurre en abuso de autoridad por parte del funcionario judicial, busca frenar los reclamos de las víctimas sociales representadas por nuestra organización. Está claro que ninguno de los imputados son personas peligrosas o que podrían darse a la fuga como para que la autoridad judicial tome semejante resolución. Tenemos razón para pensar que esta decisión está originada en nuevas denuncias presentadas por miembros de nuestra organización contra el juez Alegre, quien reacciona de este modo para acallar las mismas.
3. Pero no solo los hechos relatados configuran un grave atentado contra las libertades democráticas, sino que a lo ocurrido se suma el espionaje que se realiza contra los que reclaman a través de agentes que se han hecho presentes para fotografiarnos (ver http://www.montecaserosonline.com.ar/vernota.asp?id_noticia=1444) por personajes que no forman parte de medio periodístico alguno. Esas prácticas continuaron incluso el día 06/03/2012 cuando minutos antes de salir de la terminal de ómnibus de Monte Caseros, rumbo a la ciudad de Corrientes para llevar los reclamos a la capital provincial, nuestra delegación se vio sorprendida por los flashes fotográficos efectuados por el Sr. Fabio Muro (ex integrante de la gendarmería nacional) quien luego de tomar algunas fotografías fue separado del lugar por los integrantes de la delegación. Bochornosas actividades, seguramente alejadas del marco legal de los expedientes que imputan a los pescadores, no finalizaron allí; sino que se continuaron en la ciudad capital de la provincia cuando, aproximadamente a las 10 de la mañana del dia 06/03/2012 en la plaza Cabral, integrantes de nuestra delegación ubican al Agente de la Comisaria Departamental de Monte Caseros Ernesto Galeano registrando fotografías de la concentración previa a la marcha a casa de gobierno. Esta práctica se emparenta con la querella que recientemente han realizado en Buenos Aires diferentes organismos de Derechos Humanos, organizaciones gremiales, políticas y sociales, popularizados por los medios de comunicación como Proyecto X, que constituye una grave violación a los derechos de las personas y de las leyes vigentes en el país.
4. En base a lo expuesto, deseamos que sea investigado lo siguiente:
• ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos de estas decisiones, su alcance en la práctica y si los mismos se ajustan a derecho en la decisión del Juez Eduardo Alegre?
• ¿Hasta dónde dicha decisión no constituye una negación del legítimo derecho social a la protesta, vulnerando derechos constitucionales que debería respetar y preservar?
• Si el poder político es la representación de las mayorías: ¿No debería el Poder Judicial proteger a quienes protestan aún cuando pudiera no tener acuerdo con los reclamos y hasta con los métodos empleados?
• Si las máximas autoridades de la justicia no toman partido en favor de las minorías desventajadas y vulneradas en sus derechos ¿Quién hará que esos derechos sean respetados? Y, en tal caso ¿Cómo queda la decisión del Juez Alegre ante esa situación?
• Llegado a este punto, nos gustaría que los funcionarios a quienes estamos dirigiendo esta nota se detengan a pensar en la teoría de la democracia, en la teoría del derecho, en la justicia que se espera de ellos y en la teoría de la interpretación constitucional.
- Si quienes por ser pobres, indigentes o trabajadores, son tratados como ciudadanos de segunda, entonces las propias instituciones están socavando su legitimidad, ya que la razón de ser tanto del Juez Alegre como de todo el sistema judicial y de gobierno se basa en la premisa de que están para servir al pueblo, algo que en este caso no ocurre. Recurrimos a las máximas instancias del poder con la esperanza de que reparen la injusticia y los atropellos que un funcionario como el Juez denunciado está generando con sus decisiones.
• Hasta qué punto la actividad del Sr Iván Cansino (ex integrante del ejército) y ahora radicado en la ciudad de Córdoba es legal según la legislación Argentina?(1° caso denunciado por nuestras organizaciones). Si así no fuera, como indican las denuncias en otros lugares del país, entonces algún estamento del poder debería hacerse cargo de sus actividades, porque está claro que sus fotografías no son de un aficionado.
• ¿Quién ha dado las órdenes para que el agente de la comisaria departamental de Monte Caseros se desplazara 400 kms hasta la ciudad capital y efectuara tomas fotográficas a la delegación de la CTA que se prestaba a realizar una marcha por las calles de esa ciudad? Exigimos en este punto el acceso a todo el expediente que obre en poder de la justicia, tanto en manos del Juez Alegre como de otras instancias, para saber si estamos siendo sometidos a actividades reñidas con la legalidad vigente.
• ¿Cuál es el registro de la actividad de fotógrafo que consta en los organismos de la DGI, ANSES, AFIP y RENTAS PROVINCIAL del sr Fabio Muro? ¿Cuál es la habilitación municipal donde consta que este Sr. Puede registrar tomas sin autorización en la terminal de ómnibus de la ciudad de Monte Caseros? Preguntamos esto porque seguramente el Estado tiene formas de establecer cuáles son las motivaciones de estas personas que con su práctica están hostigando a quienes ejercen el legítimo derecho de organizarse para reclamar.
- De todo lo expuesto surge la presunta persecución política, social e ideológica contra nuestra organización y sus representados, familias trabajadoras a las que se penaliza por luchar por sus derechos básicos vulnerados.
- Si de la intervención de las máximas autoridades del Estado, tanto de la justicia como del poder político, se demostrara que el Juez Alegre está incurriendo en abuso de autoridad, entonces exigimos su inmediata destitución, para que sea reparado en nuestra ciudad el principio de justicia que ha sido pisoteado por las prácticas antes denunciadas.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier prueba o ampliación que requieran.
Junta Promotora de la CTA Monte Caseros. 8 de Marzo de 2012.
Postdata: Solicitamos a los funcionarios a quienes dirigimos esta notificación que revisen el RECURSO DE APELACION interpuesto en nuestra defensa para corroborar la animadversión y el ensañamiento del Juez Alegre para con los integrantes de nuestra Central de Trabajadores."
Viernes, 9 de marzo de 2012
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